“EN CHILE NO EXISTE UN INTEGRAL DERECHO A LA SALUD”

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           “EN CHILE NO EXISTE UN INTEGRAL DERECHO A LA SALUD”

Columna de Juan Domingo Milos, Abogado y Asesor de FENASENF

En 1987 presentamos varios recursos de protección en algunas Cortes del país, a favor de enfermos renales crónicos que no recibían tratamiento de diálisis en los hospitales públicos, por no existir cupo suficiente, situación que derivaba en alta mortalidad de estos pacientes. Fueron acciones legales pioneras, en dictadura y con una institucionalidad marcadamente negativa para la satisfacción de los derechos sociales. A partir de estos casos, esa forma de reclamo ante la justicia en materia de salud se ha ejercido en situaciones similares,  hasta el día de hoy.

Los recursos tuvieron por finalidad que, aunque el centro asistencial y el servicio de salud no contaran con recursos, se les obligara de alguna manera a proporcionar el tratamiento, sea por reasignaciones o mediante convenio con el sector privado (lo que no era habitual hace 30 años). Enfrentamos junto a otros 2 abogados de DD.HH., la férrea oposición del Ministerio de Salud, por el desorden presupuestario que significaría, siendo el MINSAL defendido por el Consejo de Defensa del Estado, con sus expertos equipos jurídicos. A su vez, como la garantía constitucional a la salud (además de ambigua) no puede invocarse en la acción de protección, tuvimos que fundamentar con el “derecho a la vida”, lo que hizo que existiera expectación y una alta mediatización de los casos.

Asimismo detectamos que en la selección de pacientes para recibir el tratamiento de diálisis –es decir los que no morirían- existían criterios de preferencia fundados en la situación socio-económica del paciente, discriminatorios y contrarios a  derechos humanos. En breve, se ganaron los recursos ante las Cortes de Apelaciones -que ordenaron el tratamiento desde el inicio del juicio- y se perdió ante la Corte Suprema…e intentamos otras vías judiciales. En 1988, MINSAL se allanó a solucionar el problema de fondo, y donde no había recursos suficientes, sí los hubo. Se originaron los convenios con centros privados de diálisis. Salvamos muchas vidas.

Sobre el Derecho a la Salud. Habría mucho que decir, vamos a lo mas básico. Este concepto ha ido evolucionando en el tiempo, desde el reconocimiento al acceso a la atención en caso de enfermedad o accidente, a una concepción mas sistémica que entiende que un grado óptimo de salud responde a un conjunto de factores determinantes y  que forman parte del derecho a la salud.

Así, para la Organización Mundial de la Salud “el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente” (Constitución de la OMS)

Es derecho a la salud exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos, estando así su goce estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos sociales, a la no discriminación y el acceso a la información (Fuente: web de la OMS)

Y en Chile? : la mera lectura del conjunto de factores que determinan un efectivo derecho a la salud, nos indica que estamos muy lejos aún de su  pleno ejercicio. La pobreza, las condiciones sociales deficientes en que viven vastos sectores, las falencias del sector público y la falta de políticas públicas adecuadas, entre otros, no crean los entornos necesarios para alcanzar “el grado máximo de salud.”

No obstante, ha habido avances notables en materia de derecho a la salud, como lo fuera en su momento el plan Auge y últimamente varias sentencias de la Corte Suprema que ordenan a las isapres la atención de salud, el tratamiento y la entrega de medicamentos, a pesar de preexistencias y falta de algunos requisitos para tales prestaciones. Esto último es pionero en nuestro ordenamiento, pues tratándose de derechos fundamentales, hace primar criterios de derecho público por sobre contratos individuales. Dicho de otro modo, según el tenor  de los contratos no correspondería que las isapres otorgaran las prestaciones reclamadas, pero con los criterios interpretativos de la Corte, sí corresponde. Directorio Ejecutivo de Fenasenf se ha propuesto dar indicaciones al respecto.

La experiencia de 1987 sirve para ejemplificar el comentado avance en derecho a la salud. Los requirentes de diálisis tuvieron acceso a un establecimiento de salud (podríamos decir a un primer peldaño del derecho a la salud) que los atendió, pero claramente no entregó la solución adecuada, sin calidad alguna, pues fueron excluidos de una lista que les permitiría sobrevivir.  Fue la Corte el organismo que sólo para el caso concreto (y por eso parcialmente) reconoció el derecho a la salud, como es concebido en derechos humanos, pues ordenó otorgar el tratamiento eficaz.