FENASENF ENTREGA CARTA A PRESIDENTE BORIC EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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         Santiago, 25 de noviembre 2024

 S.E.

Sr. Gabriel Boric Font

Presidente de la República

Presente.

En representación de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (FENASENF), nos dirigimos a usted en un acto de denuncia y demanda en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Este 25 de noviembre alzamos la voz, con fuerza y convicción, por aquellas mujeres que, sosteniendo con sus manos y conocimientos el sistema de salud de nuestro país, enfrentan día a día un sistema que perpetúa desigualdades, abusos y precarización.

Las mujeres constituyen más del 70% de la fuerza laboral en salud, y pese a ello, son víctimas de un trato indigno que se manifiesta en múltiples formas de violencia: acoso laboral y sexual, brechas salariales, precarización contractual, sobrecarga emocional y desprotección ante la violencia de género. A pesar de ser el motor esencial del sistema salud, su contribución sigue siendo invisibilizada. Las jornadas extenuantes, la falta de reconocimiento y las condiciones adversas en las que realizan su labor son reflejo de un sistema que normaliza las inequidades, en particular, las de género.

La violencia, en cualquiera de sus formas, no puede seguir siendo parte de la experiencia laboral de las trabajadoras de la salud, quienes se encuentran en la primera línea de cuidado y servicio.

Frente a esta realidad, exigimos medidas concretas y urgentes:

  1. Cumplimiento efectivo de la Ley 21.675:

Esta ley, publicada el 14 de junio de 2024, constituye un avance significativo en la protección contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos. Exigimos que se implementen sin dilación las disposiciones contenidas en ella, asegurando la plena vigencia de sus medidas en el sector salud y estableciendo mecanismos de monitoreo claros y efectivos para su aplicación.

  1. Prevención y Erradicación de la violencia y el acoso en el sector salud:

Urge la implementación de políticas contundentes para prevenir, sancionar y reparar el acoso laboral y sexual, con canales confidenciales, accesibles y efectivos de denuncia, y con garantías de protección para las víctimas. La Ley 21.643 ha dado cuenta de que no es del todo efectiva en nuestro sector.

  1. Precarización laboral a través de contratación a honorarios que profundizan las brechas de género:

Es inaceptable que se perpetúe la informalidad contractual, con contratos de honorarios que precarizan y discriminan a las trabajadoras.

  1. Políticas de conciliación, corresponsabilidad y cuidado:

La doble carga laboral y doméstica es una forma de violencia estructural hacia las mujeres. El Estado debe garantizar acceso universal a servicios de cuidado infantil y promover medidas concretas que aseguren la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, reduciendo la sobrecarga que hoy recae desproporcionadamente en las trabajadoras de la salud.

  1. Aseguramiento de un presupuesto adecuado para enfrentar la violencia:

Es imperativo que el Estado destine recursos suficientes para financiar las medidas de prevención, protección y reparación contempladas en la Ley 21.675. Sin un presupuesto robusto, las políticas contra la violencia se reducen a declaraciones vacías, dejando en la indefensión a miles de trabajadoras.

  1. Reconocimiento y liderazgo de las mujeres trabajadoras de la salud:

Demandamos políticas públicas que visibilicen y valoren su rol como pilar fundamental del sistema sanitario, asegurando su participación activa en instancias de decisión y liderazgo, fortaleciendo las condiciones para su desarrollo profesional y personal.

  1. Aseguramiento de condiciones laborales dignas:

Es imperativo fortalecer la infraestructura y recursos del sistema de salud para evitar la sobrecarga laboral, garantizar el acceso a equipos y protección adecuados, y establecer protocolos claros que protejan la integridad física y psicológica de las trabajadoras.

 

Estimado Presidente, el Estado de Chile tiene el deber constitucional y ético de garantizar un trabajo digno, equitativo y seguro para las mujeres. La violencia de género que enfrentan las trabajadoras del sector salud no es un problema menor ni aislado; es un síntoma de una desigualdad sistémica que debe ser erradicada con urgencia y decisión.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hacemos un llamado enérgico a que el Gobierno que usted dirige impulse medidas transformadoras, que aseguren la dignidad, el respeto y la equidad para las mujeres trabajadoras de la salud. No hay tiempo para excusas ni dilaciones; es hora de saldar esta deuda histórica con aquellas que cuidan de nuestra nación.

Con la esperanza que esta carta sea el inicio de acciones concretas y urgentes, quedamos a su disposición para trabajar colaborativamente en pro de estos objetivos.