Equidad o retroceso en el Subsidio de Incapacidad Laboral
Por Fernanda Mora Ludueña, Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (FENASENF)
La salud no es un privilegio, es un derecho. Sin embargo, el proyecto de ley que modifica el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) parece olvidar este principio para abrazar una lógica puramente economicista. Bajo la bandera de una supuesta “equidad” entre el sector público y el privado, se impulsa un ajuste fiscal disfrazado de justicia social.
Lejos de “nivelar hacia arriba”, mejorando condiciones en el sector privado, la iniciativa instala una regresividad que vulnera derechos laborales ya consolidados. Reducir la protección frente a la enfermedad no solo precariza, sino que tensiona compromisos internacionales suscritos por el Estado, como el principio de no regresividad en derechos sociales.
La propuesta de establecer días de carencia sin pago parte de una premisa preocupante: la sospecha. Se instala la idea de abuso sobre quienes enferman, afectando su dignidad y generando una barrera de acceso al reposo. Pero el reposo no es un beneficio económico: es una indicación clínica. Si no se garantiza cobertura desde el inicio, muchos trabajadores optarán por no detenerse, con el consiguiente riesgo de agravar cuadros de salud y aumentar, finalmente, los costos del sistema.
El impacto es transversal. No solo se perjudica al sector público (al imponerle una carencia de la que hoy está exento), sino también al privado. Actualmente, en este último, la carencia se aplica solo a licencias de corta duración; sin embargo, con la reforma, se extendería también a las licencias largas, afectando incluso aquellas que hoy cubren la totalidad del periodo. La “homologación” propuesta no corrige desigualdades: las profundiza. Es, en los hechos, una nivelación hacia abajo que castiga económicamente la enfermedad.
Como gremio, no nos oponemos a la eficiencia. Pero la fiscalización debe enfocarse donde corresponde: en los emisores fraudulentos, no en quienes enferman. En lugar de recortar ingresos, el Estado debiera fortalecer la prevención, avanzar en salud funcionaria, mejorar la fiscalización interinstitucional y promover estrategias de reincorporación laboral.
No es aceptable que la crisis de financiamiento del sistema se pague con la salud de los trabajadores. Si se habla de equidad, que sea para avanzar, no para retroceder.