FENASENF Y LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: UNA MIRADA DESDE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INTEGRIDAD PÚBLICA
Por Gonzalo Ortiz, secretario general FENASENF
El último tiempo se han revelado, en el ejercicio de la función pública, una serie de situaciones irregulares que fomentan un clima de desconfianza hacia el sistema público. Hechos de distinta índole, en los que se han visto involucrados algunos funcionarios, han llevado a una necesaria fiscalización en profundidad y a la implementación de medidas en diferentes reparticiones, producto de hechos que fácilmente pueden catalogarse como corruptos.
La prensa sensacionalista, sumada a una ciudadanía con un latente sentimiento de abandono por parte del Estado, ha generado un ambiente propicio para que una perspectiva punitiva se posicione con fuerza frente a esta crisis. El castigo aparece como única solución, instaurando discursos y modificaciones legales que, lejos de abordar el problema de fondo, atentan contra los derechos de los trabajadores y, por consiguiente, contra la democracia. En ningún caso se busca desconocer la función fiscalizadora o sancionadora de las instituciones correspondientes, pero es necesario advertir que esta visión genera una pérdida de confianza en lo público, cada vez más difícil de revertir. La ausencia de otros abordajes limita las alternativas de solución y omite un marco conceptual y de acción ya existente.
Estas situaciones, percibidas no solo por la ciudadanía sino también por los trabajadores que pueden verse afectados directa o indirectamente, nos llevan a que, como sindicalistas, visualicemos y trabajemos en perspectivas que permitan erradicar las malas prácticas de un sistema que históricamente ha negado su propia existencia.
En 2023 se publicó la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), una política de Estado orientada a mejorar los estándares de transparencia e integridad en el país. Sin embargo, se constata una falta de conocimiento y de implementación de medidas en los diferentes ministerios, ya que hasta ahora se ha concentrado en el nivel central, alejándose de las instituciones que prestan servicios directos a la ciudadanía.
La ENIP es una estrategia potente que se proyecta a lo largo de 10 años, compuesta por 210 medidas, y que parte con iniciativas enfocadas en la formación de los trabajadores en integridad y en la creación de códigos de ética a nivel institucional. Su construcción necesariamente debe darse en base a principios como integridad, participación, transparencia y democracia, entre otros.
Al igual que en una enfermedad, siempre será mejor prevenir que curar. Las dirigencias pertenecientes a asociaciones de funcionarios tenemos la oportunidad de ser agentes activos en la instalación de medidas como los Sistemas de Integridad Pública a nivel de nuestras instituciones, además de cumplir un rol fiscalizador. La correcta implementación de la ENIP depende en gran medida del nivel de conocimiento existente en los diferentes actores: autoridades, comunidad, trabajadores y sus representantes.
El desafío de generar un cambio cultural de esta magnitud es tan grande, que se hace necesaria la inversión de fuerzas por parte del sindicalismo para crear, como primera medida, una base de conocimiento que permita resguardar la implementación correcta a nivel local. Debemos estar a la altura para responder de manera concreta a los requerimientos de la población y defender el correcto ejercicio de la función pública.