XENOFOBIA Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS: EXPERTOS DE FENASENF ANALIZAN LA CRISIS MIGRATORIA

La manifestación llamada “No+migrantes”, que tuvo lugar en Iquique el sábado 25 de septiembre, tuvo su peor cara en la quema de enseres y carpas de las personas extranjeras asentadas en la calle. Según consignó CNN, “son cerca de 3.000 personas las que se encuentran varadas en Iquique, gran parte de ellas después de haber entrado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y haber cruzado la ruta hacia la costa”.

El rechazo fue transversal, incluso desde varios organismos internacionales como la ONU, y como organización, FENASENF se suma a éste. Omar Solís, Director Ejecutivo de FENASENF, iquiqueño y Presidente de la Asenf de Iquique, dice que siente “vergüenza y pena de lo ocurrido”. “Si bien ha habido casos de aumento de violencia y hubo hechos violentos puntuales y anteriores, que involucraron a población extranjera, antes de lo sucedido el 25 de septiembre nada justifica esa reacción”.

El también candidato a Magíster en Salud Pública, enfatiza que es necesario abordar el tema de fondo, que por una parte tiene relación directa con los actos contra migrantes, ya que “revelan la falta de educación cívica y de responsabilidad social, del individualismo arraigado en la población chilena a raíz del modelo político, económico y social imperante”. Y por otro lado, y en la raíz del tema, por la falta de una migración regulada, que garantice y reconozca el derecho humano que tiene toda a persona a migrar, tal como lo establece la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y a la cual Chile suscribe. “No puede ser que ingresen personas al país y automáticamente queden en situación de calle e indocumentados. El ámbito del derecho humano establece mínimos en cuanto a cómo se acogen a las personas y en toda su dimensión de entes integrales, con necesidades biológicas, sicológicas, sociales, emocionales, espirituales. El Derecho Humano sienta las bases mínimas de la dignidad humana, y Chile tiene la obligación de cumplir y garantizar esos mínimos a todas las personas que eligen el territorio nacional para vivir. Lamentablemente el Estado chileno ha sido silente históricamente, no es de ahora”.

Juan Domingo Milos, abogado y asesor jurídico de FENASENF, corrobora lo anterior y lo profundiza. “Efectivamente existe una clara vulneración de derechos humanos de las personas del grupo de migrantes atacados en Iquique. En primer lugar, de parte del Estado del cual provienen, el que no aseguró ni creó  las condiciones mínimas para su permanencia y subsistencia en su territorio, lo que obligó a ese grupo humano a abandonar el país para su sobrevivencia; con peligro de sus vidas, en condiciones sanitarias deplorables y falta absoluta de seguridad física y síquica. En segundo lugar, el Estado receptor (Chile) también incurre en violaciones de derechos humanos, más aún si sus actuales autoridades han propiciado el desplazamiento e ingreso al país de estas personas, sin contar con las condiciones mínimas necesarias en las ciudades y territorios de ingreso irregular -por motivos aparentemente políticos-, y sin los requisitos de su propia política migratoria. Claramente no se ha prestado la asistencia necesaria para salvaguardar la vida, salud y seguridad de tales grupos humanos, incumpliendo en un inicio obligaciones de carácter humanitario y derechos específicos que asisten a los migrantes”.

A la violación de los derechos humanos de los grupos afectados en los términos expuestos, el jurista agrega que “se han añadido ataques y conductas que constituyen xenofobia (“odio, repugnancia y hostilidad hacia el extranjero”), de parte de grupos de ciudadanos chilenos residentes en las ciudades que han concentrado presencia de inmigrantes de ingreso irregular. La xenofobia (y el racismo) atenta contra principios básicos humanitarios y de solidaridad entre los seres humanos y favorece el clima de violencia e intolerancia, que vulnera la cultura y vigencia de derechos humanos en el país, con consecuencias negativas y profundas para la democracia y la vida nacional. Es por ello, que ésta ha sido objeto de rechazo universal (al menos de parte de países que comparten los principios de la ONU) y ha sido condenada en instrumentos internacionales tendientes a su erradicación”.

La situación irregular con la que ingresan muchos migrantes, ha sido utilizada como un argumento válido para criticar su llegada Chile y en el peor de los casos, los ataques hacia población extranjera. Nada más lejos de la realidad, tal como explica el abogado. “El carácter irregular del ingreso (incumplimiento de una obligación administrativa), no afecta ni incide en la obligación de respetar y dar efectividad a los derechos humanos de las personas migrantes y nunca podría ser motivo de su denegación o de justificación. Más aún si en relación a medidas preventivas de alimentación, condiciones sanitarias y otras pudieron ser previstas adecuadamente”, precisa.

Finalmente, Omar Solís dice enfático que “el Gobierno central debe responsabilizarse y dejar de centrar la responsabilidad en las autoridades locales porque no tienen las facultades ni los recursos para ocuparse del tema”.